La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó que la contaminación por mercurio causada por la minería ilegal de oro en la cuenca del río Atrato, en Colombia, ha generado una “grave y continua crisis de derechos humanos”. La situación pone en riesgo la salud, la seguridad alimentaria y la supervivencia de comunidades afrodescendientes e indígenas que dependen de este afluente para su subsistencia, cultura y abastecimiento de agua.
Tres relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos manifestaron su preocupación por el escaso cumplimiento de la sentencia T-622 de 2016, que reconoció al río Atrato como sujeto de derechos y ordenó su protección y restauración ambiental. Marcos Orellana, relator especial de la ONU sobre tóxicos y derechos humanos, señaló que la persistencia del problema se debe al control del crimen organizado, al contrabando de mercurio y oro, y a la corrupción.
La contaminación por mercurio ha devastado el ecosistema del Atrato, afectando peces, delfines de río y otras especies que sirven de alimento a las comunidades ribereñas. Más de un tercio de los habitantes de la cuenca ha estado expuesto a niveles de mercurio superiores a los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud, lo que puede causar daños neurológicos, insuficiencia orgánica y afectaciones en el desarrollo de los niños.
Los relatores instaron a Colombia a adoptar medidas “inmediatas y efectivas” para detener la minería ilegal, descontaminar los ríos y garantizar atención médica especializada a las comunidades. Aunque el país prohibió el uso de mercurio en la minería desde 2018, su aplicación sigue siendo limitada, especialmente en territorios con presencia de grupos armados y redes criminales.
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