La Organización de Naciones Unidas instó al Gobierno colombiano para que atienda la crisis humanitaria en este departamento.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) dio a conocer su participación en la atención y monitoreo de la crisis humanitaria y de derechos humanos en las comunidades de San Miguel, Noanamá y Negría, ubicadas en el Medio San Juan, departamento de Chocó. Esta labor se ha llevado a cabo en una misión conjunta entre la ONU, Ocha Colombia, Heartland Alliance International, el Consejo Comunitario del San Juan y el Foro Interétnico.
A través de sus redes sociales, la ONU compartió información relevante sobre las condiciones en las que se encuentran las comunidades del río San Juan, Cajón y Sipí, donde se han registrado enfrentamientos entre grupos armados no estatales. Estos enfrentamientos han provocado abusos de derechos humanos y violaciones al Derecho Internacional Humanitario, generando un impacto significativo en la población civil.
Entre las pruebas de estos abusos se encuentran los desplazamientos forzados, el confinamiento de las comunidades, los ataques indiscriminados contra la población civil y otras formas de violencia. Estas acciones se han configurado en sufrimiento y empobrecimiento de los habitantes nativos, especialmente entre los niños, niñas y adolescentes. Además, se han registrado graves daños al territorio.
Ante esta situación, la ONU ha hecho un llamado y exigido a los grupos armados no estatales que cumplan con su obligación de no generar daños ni afectaciones a la población civil, incluyendo la prohibición del reclutamiento de niños y niñas menores de 18 años. En este sentido, recordaron que las escuelas, los centros de salud, los templos y otros bienes civiles están protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.
Asimismo, la ONU instó al Gobierno colombiano a brindar garantías de seguridad para la ciudadanía, a restablecer los derechos de la población afectada y a hacer presencia integral en la zona. También resaltaron la importancia de articular los esfuerzos con las autoridades locales para abordar de manera efectiva la crisis humanitaria y de derechos humanos que se vive en esta zona del país.
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