La Fundación Círculo de Estudios, una ONG que vela por los derechos humanos, presentó una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que ordene al Estado colombiano tomar acciones de prevención antes de que más jóvenes sean asesinados en Quibdó.
A la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington llegó la solicitud para que ordene que el Estado acelere la investigación de al menos 600 jóvenes que han sido asesinados en Quibdó, cuyas muertes, a hoy, siguen impunes.
Argumenta que la violencia en Quibdó, más que un efecto colateral de las pandillas, es producto y efecto dominó de décadas de un conflicto armado que aún persiste.
Un pedido urgente de justicia llegó a las oficinas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados Unidos, para que ordene al Estado colombiano proteger a la juventud de Quibdó. En la última década, los combates entre pandillas y la persistencia de grupos armados en el corazón chocoano han cobrado la vida de al menos 600 jóvenes,
“La violencia a la que ha sido sometida la población de Quibdó ha llegado a causar que no se pueda transitar de un barrio a otro a plena luz del día por el riesgo de cruzar ´fronteras invisibles´(…) Los grupos armados que hoy operan no son cosa distinta que el nuevo ropaje que han asumido los actores del conflicto armado”, afirma la solicitud.
Ese mismo pedido lo hicieron 3.000 personas desplazadas por la Operación Génesis del Ejército en 1997. Tras la incursión militar, esta población organizada en consejos comunitarios, tuvo que huir de su territorio, resguardarse en colegios, en la selva del Darién y en el río Cacarica. La CIDH estudió el caso y otorgó medidas cautelares, pues la vida, derechos fundamentales y supervivencia de esta comunidad estaba en riesgo. Solo hasta 2013 se levantaron estas medidas.
En la solicitud, Círculo de Estudios argumenta que se debe actuar pronto, pues quienes han sido asesinados mayoritariamente son jóvenes (el 64 % de la población).
El primer asesinato que reporta la Fundación data en 2012. A partir de allí, según la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo y la propia organización, han muerto más de 600 jóvenes menores de 35 años. Esto es, en promedio, una nueva víctima cada ocho días.
Pero no es solo una crónica de muertes consumadas en Quibdó. La capital chocoana ha sido durante más dos décadas un imán y refugio para las víctimas del conflicto armado que huyen o son desplazados de sus territorios. El barrio El Reposo, por ejemplo, fue construido con quienes sobrevivieron a la masacre de Bojayá, que dejó casi un centenar de muertos en 2002. En la ciudad también hay sobrevivientes de la guerra que llegaron desde Riosucio, Carmen de Atrato, Cacarica, entre otros.
La versión oficial es que estas muertes se han dado a causa de la presencia de al menos seis pandillas que se disputan las extorsiones, el tráfico de drogas y el control territorial y fluvial de Quibdó y el río Atrato. Pero Círculo de Estudios argumenta a la CIDH que esa óptica es muy superficial y no permite ni comprender “la realidad violenta” del municipio, ni ofrecer soluciones de fondo.
La organización sostiene que “es hora de ver que el asesinato sistemático a jóvenes, negros y víctimas del conflicto debe ser comprendido como una arista más de la guerra en Colombia. El discurso oscila en que ´los jóvenes son malos y se matan entre ellos´, pero debemos comprender que quienes perpetuaron el conflicto aún están en Quibdó, y eso tiene mucha relación con lo que vivimos hoy”.
Un riesgo latente
Uno de los pedidos más urgentes que se lee en la solicitud es la de procurar justicia para los familiares de los jóvenes asesinados. Círculo de Estudios, además de hacer seguimiento a los expedientes judiciales de cada delito, hace acompañamiento a las madres, hermanas o parejas de quienes murieron violentamente en Quibdó.
Pero para estas mujeres, que se organizaron y se hacen llamar la Red de Madres y Cuidadoras, el riesgo es latente en su pedido de hacer justicia. Hay registros de mujeres que, por seguir por su cuenta las pistas del asesinato de su hijo, han sido estigmatizadas, violentadas sexualmente o, como le sucedió a Yirleana Lorena Moreno, una lideresa afro, asesinadas.
El Círculo de Estudios explica que, a falta de presencia estatal e institucional en Quibdó y los demás municipios de Chocó, las organizaciones no gubernamentales han tenido que asumir la tarea de protección de derechos humanos, pero esta tarea también se ha visto impedida por las pandillas.
“Estas mujeres han tenido que hacer incidencia política, arte, formarse en derechos humanos e incluso generar presión social para encontrar alguna respuesta por los asesinatos de sus hijos”, se lee en el documento dirigido a la CIDH.
¿Qué puede pasar?
La CIDH tiene una baraja con dos opciones frente a esta solicitud. La primera, que sería la más preocupante para la Fundación Círculo de Estudios, es que niegue la orden de tomar medidas cautelares. Esta alternativa, en pocas palabras, significa que no se hará nada, al menos en instancias internacionales, frente a la endemia de muerte que vive Quibdó.
La otra opción es la de otorgar medidas cautelares para que se ordene al Estado y sus instituciones atender la violación sistemática de derechos humanos que se registra en Quibdó. Estas medidas han sido aceptadas en cientos de escenarios en Colombia para proteger, por ejemplo, a abogados, periodistas, niños, mujeres, población étnica o testigos.
Pero la presencia institucional, aunque intermitente en Chocó, tampoco ha tenido resultado. La Defensoría del Pueblo ha emitido, por lo menos, 20 alertas tempranas sobre posibles crímenes y violaciones a los derechos humanos en el departamento; ha expedido 42 recomendaciones para solucionar la crisis de violencia y ha solicitado a 22 entidades estatales que intervengan para prevenirlo.
“El aumento de pie de fuerza (que ha sido la solución del Estado para solucionar el problema) no es suficiente ni efectivo”, expone el Círculo de Estudios.
Con estas medidas, en caso de ser otorgadas por la CIDH, las mujeres que aún luchan por justicia podrán tener más garantías de que el asesinato de sus hijos tenga alguna respuesta. Además, el Estado tendría la responsabilidad de crear una política pública en que atienda la situación social que según Círculo de Estudios ha desembocado en un escenario de guerra, como lo son “los factores de vulnerabilidad y marginalidad en que viven los jóvenes (…) y la constante presencia de pandillas, y además, presencia de grupos armados como el ELN o Autodefensas Gaitanistas”.
Mientras en Washington se realiza el papeleo, los estudios correspondientes y un examen juicioso sobre la solicitud, Nohra Álvarez, directora de la Fundación defiende que “nuestro pedido no es uno distinto al de dignificar la condición de víctimas de los jóvenes que fueron asesinados y exigir justicia para que sus muertos y la búsqueda de garantías logre que esta población disfrute el derecho a la vida”.
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