En una operación conjunta, la Policía Nacional y el Ejército Nacional intervinieron cinco unidades de producción minera y destruyeron equipos valorados en más de 6.340 millones de pesos, afectando las finanzas de grupos ilegales en el Chocó.
Unión Panamericana, Chocó – En una operación conjunta en el marco de la estrategia institucional de protección al capital natural EICAN – EIMIL, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, y el Ejército Nacional han llevado a cabo una acción decisiva contra la explotación ilícita de yacimientos mineros y otros minerales. Esta intervención se realizó en cumplimiento de la Planeación Operacional dentro de la estrategia Vida Pacífico y la sentencia T622, que declara al río Atrato y sus afluentes como sujetos de derechos.
Como resultado de esta operación se logró 5 unidades de producción minera intervenidas, la inutilización de 4 dragas de gran calado (dragón brasileño), 8 motores industriales, 4 motobombas industriales, 4 plantas generadoras de energía. Esta operación cumple con la sentencia T622, protegiendo la capa vegetal, aire, recursos hídricos, fauna y flora, todos afectados por actividades ilícitas. Al evitar el uso y vertimiento inadecuado de residuos sólidos, líquidos y químicos como el mercurio, se preservan las fuentes hídricas y el suelo, ralentizando la pérdida de la cobertura vegetal.
“Además, la intervención afecta directamente las finanzas del Frente Héroes de Jesús Carretera, quienes se beneficiaban con el cobro del 20% (exacción) a la explotación minera. Este grupo también desempeña un papel importante en otros eslabones del proceso minero, como el suministro de insumos químicos y la comercialización de los minerales extraídos” coronel William Castaño Ramos director de Carabineros y Protección Ambiental.
Los elementos destruidos en esta operación tienen un valor aproximado de 6.340.000.000 de pesos, representando un duro golpe a las estructuras económicas de los grupos ilegales que operan en la región.
La operación no solo representa un avance significativo en la lucha contra la minería ilegal, sino también un paso crucial en la protección de los derechos del río Atrato y sus afluentes, mejorando la calidad de vida de las comunidades locales al preservar su entorno natural.
