Hernán Jojoa, contralor delegado de responsabilidad fiscal y el congresista Jaime Salamanca, presidente de la Cámara Representantes, se pronunciaron en La W sobre la inhabilidad de Jhoany Palacios, quien sigue ocupando su cargo.
El pasado 18 de noviembre, La W reveló que Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, exgobernador de Chocó y actual representante a la Cámara por el departamento del Chocó, sigue sesionando a pesar de estar inhabilitado.
Este medio conoció en exclusiva el documento con el que la Contraloría ratificó que el hoy representante no ha pagado la sanción de más de $18.333 millones de pesos que se le impuso por presuntos incumplimientos en la ejecución de un contrato por $24.418 millones de pesos que pretendía construir el sistema de gas natural para las ciudades de Istmina, Tadó, Unión Panamericana y Condoto.
Al respecto, Hernán Jojoa, contralor delegado de responsabilidad fiscal y el congresista Jaime Salamanca, presidente de la Cámara Representantes, se pronunciaron en La W sobre si dicha inhabilidad sigue en pie.
Jojoa explicó que una de las causales de pérdida de investidura es incurrir en una inhabilidad y, “evidentemente, (Palacios) está reportado en el Boletín de la Contraloría, (lo que) implica una inhabilidad sobreviniente”. Sin embargo, aclaró que, para él, “como abogado y no como contralor, tiene que adelantarse el respectivo proceso que en este caso sería una pérdida de investidura”.
Así, el contralor delegado precisó que es necesario que se diga el debido proceso: “El proceso que llevó la Contraloría fue por hechos (cometidos) como gobernador del Chocó, entonces así se le investigó, se falló con responsabilidad y el fallo salió cuando él ya se había posesionado como representante a la Cámara. En mi criterio, no habría vicio en su acto de elección, porque en ese momento no había fallo en firme contra él”.
En esa línea, Jojoa advirtió que, después del fallo de la Contraloría, se le notificó a la entidad afectada, que es el departamento del Chocó al enviar la publicación en el Boletín de Responsabilidad Fiscal y a la Procuraduría en el Sistema de Información del Registro de Inhabilidades”.
Sin embargo, indicó que “en el tema de cómo procede la inhabilidad de los congresistas, no tengo la competencia desde la Contraloría para responder”.
Para el representante Salamanca, es necesario que la Presidencia emita un acto administrativo acatando un fallo de carácter judicial, el cual debe estar motivado: “No puedo yo, discrecionalmente y por información de terceros, proceder a impedir sus derechos políticos hasta tanto no sea la autoridad competente la que lo me lo ordene”.
De ese modo, Salamanca reiteró que “debe llegar a la Cámara un oficio, una información, un requerimiento para, a partir de ahí, yo proceder”.
Dicho documento, agregó el presidente de la Cámara, no ha llegado.
“Nosotros tenemos conocimiento de la denuncia desde hace aproximadamente un mes y hace 20 días solicitamos a la Secretaría General de la Cámara que, por ser la competente, solicite ante la Procuraduría si esta información que se ha denunciado es oficial y si llega acá alguna solicitud para poder impedir que el congresista ejerza su labor”, sostuvo.
