Los exsecretarios de Gobierno de Istmina, Chocó, se habrían confabulado con abogados externos para gestionar 56 pensiones por más de $ 4.000 millones, con documentos falsos.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra los exsecretarios Generales y de Gobierno de Istmina, Chocó, César Enrique Mosquera Murillo (2012-2013) y Dahian Miguel Mosquera Valencia, (2013-2014), por presunta falsificación de documentos para gestionar 56 pensiones de gracia para docentes públicos adscritos a la ciudad de Quibdó y a los municipios de Istmina, Nóvita y Tadó, por más de $ 4.000 millones.
Según el auto proferido por el Ministerio Público, “los funcionarios, al parecer, se habrían confabulado con abogados litigantes externos para expedir documentos falsos que sirvieran de prueba al procedimiento de dicho reconocimiento”.
Detalles del caso/ El caso se conoció en 2015, cuando la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, (UGPP) denunció ante la Fiscalía posibles falsedades en el trámite de reconocimiento y orden de pago de una pensión de gracia a un maestro, sin tener derecho a la misma. El ente investigador compulsó copias al Ministerio Público para que se adelantara indagación preliminar disciplinaria al respecto.
Una investigación más profunda al interior de la UGPP reveló que, además de esa primera pensión, reconocida y pagada, había otras 55 solicitudes en trámite, soportadas con certificaciones laborales, decretos de nombramiento y otros documentos necesarios para gestionarlas que resultaron falsos tras un detallado análisis de las firmas y sellos, hecho por peritos expertos.
El 19 de enero de 2015, la Fiscalía capturó de manera preventiva a 48 de los maestros implicados en el proceso, además de los dos exsecretarios Generales y de Gobierno, la jefa de archivos del municipio de Istmina y los abogados externos, todos acusados de presunta participación en un complot para obtener las 57 pensiones de gracia por más de $ 4 mil millones de pesos.
Sin embargo, los docentes y la jefe de archivos de Istmina, fueron puestos en libertad para continuar con las investigaciones de tipo penal correspondientes, tras determinar que posiblemente habrían sido asaltados en su buena fe por sus apoderados.
Tras realizar varias visitas a la Fiscalía para conocer sobre el avance de las investigaciones frente a este proceso, solicitar pruebas y llevar a cabo sus pesquisas, la Procuraduría formuló a César Emilio Mosquera Murillo y a Dahian Miguel Mosquera Valencia, el cargo de acceso indebido a información o documentación privilegiada, para presuntamente confabularse con los abogados litigantes externos y producir documentos falsos que sirvieran de prueba para el reconocimiento de las pensiones de gracia.
La falta fue calificada provisionalmente como gravísima, a título de dolo, pues “la conducta desplegada por el investigado consistió en violar presuntamente sus deberes y prohibiciones y adicionalmente, en adulterar un documento público y posteriormente, expedir certificaciones de historia laboral a sabiendas que contenían una adulteración”, asegura la providencia.
En cuanto a los 56 docentes y la funcionaria de archivo, el Ministerio Público ordenó archivar el proceso, “no se observa ilicitud sustancial, para tipificar una conducta irregular por parte de los docentes involucrados, ni de la funcionaria Cruz Leonor Benítez Ibargüen, jefe de archivos del municipio de Istmina para la vigencia de 2013, pues de acuerdo con las pruebas analizadas, estos últimos habrían actuado de buena fe, razones entre otras que los habrían llevado a devolver los emolumentos percibidos a título de pensión de gracia”, concluyó el auto.
Terminada la etapa de instrucción, el expediente se remitirá a la Procuraduría Delegada para el Juzgamiento Disciplinario, ante la cual los sujetos procesales podrán presentar descargos, rendir versión libre, así como aportar y/o solicitar pruebas y sus alegatos.
