La situación fue visibilizada esta semana por la representante a la Cámara Astrid Sánchez Montes de Oca, quien mediante derecho de petición solicitó al ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre Lynett, establecer una hoja de ruta concreta para la construcción de un nuevo centro penitenciario en la ciudad. La congresista recordó que desde 2019 ha radicado múltiples solicitudes sin obtener avances significativos.
En el Chocó funcionan dos cárceles bajo administración del INPEC: la EPMSC Quibdó, conocida como “Anayancy” (fundada en 1923), y la EPMSC Istmina “Las Mercedes” (1944), ambas con graves problemas de hacinamiento y deterioro. “El hacinamiento en Anayancy supera el 34,6% y no cuenta con pabellón para mujeres”, subrayó la representante, denunciando las condiciones indignas que enfrentan las personas privadas de la libertad.
El informe de la Contraloría General de la República identificó más de 78.000 millones de pesos en hallazgos fiscales y 75 hallazgos con presunta responsabilidad disciplinaria en distintas entidades del sistema penitenciario. Las principales deficiencias encontradas incluyen fallas en infraestructura, servicios de salud, acceso a la justicia, alimentación y programas de resocialización. Quibdó, Bucaramanga y Medellín lideran los niveles más críticos de hacinamiento en los centros de atención transitoria.
Ante esta situación, la representante Sánchez solicitó formalmente al ministro Montealegre establecer un cronograma para la construcción de un nuevo establecimiento penitenciario en zona rural de Quibdó, que garantice condiciones dignas, seguridad para los internos y mayor capacidad para descongestionar la cárcel “Anayancy” y otros centros transitorios en el Chocó.
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