En cumplimiento de su función preventiva, la Procuraduría General de la Nación logró que se estableciera el 20 de noviembre como fecha para el regreso de la comunidad Geandó, compuesta por24 familias desplazadas, al municipio del Bajo Baudó en el Chocó, luego de permanecer en condiciones de vulnerabilidad en Pizarro, cabecera municipal, por cerca de 40 meses.
La Regional de Instrucción del Chocó y la Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz solicitó presentar una oferta conforme a su misionalidada a la Alcaldía del Bajo Baudó, la Gobernación del Chocó, la Unidad para las Víctimas, la Corporación Autónoma Regional del Chocó, el Departamento de Prosperidad Social, el Servicio Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las agencias de cooperación ACNUR y el CICR.
La respuesta entregada al Ministerio Público cumplió con los lineamientos establecidos y con los requerimientos que se definieron, dentro de los que se encuentran el mejoramiento de sus viviendas, entrega de ayudas humanitarias, de kits de hábitat, la financiación del transporte de las personas, sus enseres e incluso de materiales de construcción, entre otros.
Finalmente, el organismo de control advirtió a los actores involucrados en el proceso que se mantendrá un seguimiento estricto a todos y cada uno de los diferentes compromisos que se asumieron, de manera que los integrantes de las familias que duraron más de tres años desplazados tengan garantizado un retorno en condiciones dignas.
