La Contraloría General de la República reveló que tras realizar una auditoría de cumplimiento al Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico encontró graves fallas en el manejo del dinero público que suman hallazgos fiscales por 70.570 millones de pesos durante la gestión comprendida entre los años 2019 y 2024 debido a problemas de planeación y ejecución en proyectos vitales para las comunidades.
El organismo de control fiscal puso la lupa sobre la manera en que se invirtieron los recursos destinados a mejorar la vida de los habitantes del litoral Pacífico y encontró que una gran parte del dinero se quedó en gastos de oficina y gestión, en lugar de convertirse en obras concretas. De acuerdo con el informe de la Delegada para Población Focalizada, se detectaron gastos administrativos desproporcionados por un valor de 20.530 millones de pesos, específicamente en el proyecto que buscaba llevar agua potable y saneamiento básico a los municipios de Tumaco y Guapi.
La entidad explicó que, aunque en el papel se mostró una alta ejecución del presupuesto destinado a la administración, los resultados reales en las obras fueron deficientes. Esto significa que se gastó el dinero en el funcionamiento burocrático, pero la inversión física no avanzó con la misma velocidad ni cumplió con los términos que se habían pactado en documentos oficiales como el CONPES 3847 de 2015 y el contrato de préstamo con el Banco Mundial.
Otro de los casos más preocupantes que detalló el ente de control tiene que ver con la energía eléctrica para las zonas rurales. Se estableció un hallazgo fiscal por 13.972 millones de pesos relacionado con un contrato firmado en 2021 que tenía como objetivo construir y operar sistemas de energía solar fotovoltaica para las comunidades de Bojayá, en el departamento del Chocó.
Este proyecto, que hacía parte de un subprograma para llevar energía sostenible al campo, presentó un panorama desolador cuatro años después de su firma. La Contraloría evidenció que, a pesar de que el tiempo del contrato ya se venció, la obra no se ejecutó a cabalidad. Lo que encontraron los auditores fue la inoperancia de los sistemas solares, es decir, que los equipos no funcionan como deberían. Además, faltan equipos de medición a distancia (telemetría), se redujo el número de beneficiarios sin una justificación clara y no se aplicaron las sanciones ni las garantías correspondientes a los contratistas por estos incumplimientos.
La situación es crítica porque, a la fecha, ninguno de los equipos fotovoltaicos está instalado de manera completa. Esto hace imposible que la infraestructura sea entregada al operador para que preste el servicio a la gente, dado que el plazo para terminar los trabajos ya expiró sin que se lograra el objetivo.
Los problemas de gestión también afectaron la infraestructura de transporte. La auditoría encontró fallas en los proyectos de conectividad de la región, que incluían la construcción de muelles, malecones y la respectiva señalización para mejorar el transporte fluvial.
En este sector, la Contraloría calculó un presunto daño al patrimonio del Estado por 9.840 millones de pesos con corte al 31 de diciembre de 2024. La razón de esta pérdida, según el informe, radica nuevamente en un gasto excesivo e injustificado que no correspondía a lo que se había pactado inicialmente. También se detectaron debilidades en el fortalecimiento institucional que debían recibir los operadores de transporte por vías navegables y los proveedores de servicios de agua.
El informe final de la auditoría concluyó que los problemas no fueron hechos aislados, sino parte de una cadena de errores que comenzó desde la planeación. La Contraloría identificó debilidades serias en esta etapa inicial, lo que desencadenó errores al fijar el valor de los contratos y obligó a replantear las obras sobre la marcha.
Entre las irregularidades más graves se señaló el pago de ítems o actividades por las cuales el Estado no recibió ninguna contraprestación. Asimismo, se reportaron vencimientos de los plazos sin que las obras estuvieran terminadas y una disminución en el alcance y la cobertura de los proyectos, lo que significa que las soluciones llegaron a menos personas de las planeadas.
Finalmente, el ente de control advirtió sobre la debilidad en la supervisión y la interventoría de los contratos. Esta falta de vigilancia permitió que se pagaran obras que no se habían ejecutado, que se giraran valores superiores a lo realmente construido y que se incumplieran los objetos de los contratos. Las fallas en el seguimiento técnico, administrativo y financiero derivaron en que se destinaran millonarios recursos a objetos contractuales que, al final, no prestaron ningún beneficio real a las comunidades del Pacífico colombiano.
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