SEMANA destapa el desastre en el manejo de las fortunas de los narcos en la SAE. Hay políticos, funcionarios, exfuncionarios y particulares involucrados en un potente entramado de corrupción, mucha plata e impunidad.
Políticos camuflados, entre ellos un senador de Antioquia que estaría detrás de la repartija de bienes de los narcos con fichas en esa regional de la Sociedad de Activos Especiales (SAE); un gobernador que aparentemente hace fiestas en una finca incautada a un mafioso; una exalcaldesa de Quibdó que tiene a su familia viviendo en una propiedad incautada a la mafia; una asociación de campesinos que tendría una estrategia para apropiarse de manera irregular de bienes y vehículos. Narcotraficantes que siguen al mando de sus propiedades, pese a la extinción de dominio. Testaferros aquí y allá, y un inventario incompleto por el que nadie responde hace años. Billones de pesos están en juego.
La entrega de la información de los bienes de los narcos de la DNE a la SAE, en 2014, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, fue realmente desastrosa. “Se recibió de la DNE en liquidación un inventario que era un listado en papel, en un sistema muy rudimentario que se gestó durante la liquidación llamado Matrix. Cuando se intervino la DNE, entiendo que tenían un sistema llamado Faro y durante la liquidación se migró. No recibimos copia de Faro, ni encontramos actas de migración. Incluso llegaron anónimos que decían que en esa migración se eliminaron activos, pero no teníamos forma de contrastar o verificar esa información. Todo era un caos”, dijo María Virginia Torres, quien estuvo al frente de la SAE entre octubre de 2014 y julio de 2020.
El desmadre en el Chocó
Un correo de la SAE del pasado 15 de septiembre, y que se titula ‘Informe Chocó’ en el asunto, deja ver la magnitud de lo que ocurre en esa región con los bienes de los narcotraficantes. Son 68 predios tipo lotes, casas, apartamentos y locales distribuidos en ocho municipios del departamento: 25 en Quibdó, diez en Istmina, 13 en Bahía Solano, 13 en Acandí, cuatro en Tadó y uno en Bagadó, al igual que otro en Condoto y en Nóvita.
El correo trae una alarmante revelación. “Las problemáticas evidenciadas son las siguientes: lotes invadidos, residencias importantes ocupadas sin legalizar, afectados viviendo en los inmuebles, inmuebles con construcción adicionales después del secuestro y temas más delicados como el presunto pago de alquiler directamente a los enlaces anteriores y no a la SAE”.
El escrito detalla algunos de los casos más críticos, entre ellos, uno que ya está siendo revisado por las autoridades, pues el informe advierte: “Casa grande de la exalcaldesa de Quibdó y ocupada por la familia de la afectada”. También refieren un bien ubicado en la zona comercial de Quibdó que sigue ocupado por los afectados, así como un lote de siete hectáreas con “excelente ubicación” que “se encuentra invadido”.
Hay un caso insólito de una propiedad de un local donde ahora se levantan tres apartamentos. Además, se mencionan cabañas ocupadas en Bahía Solano y administradas por la hija del propietario al que le aplicaron la extinción de dominio.
“En Bahía Solano se quieren adueñar de un lote porque es un punto comercial muy importante donde el río se conecta con el mar y es un punto de tránsito presuntamente de alucinógenos”, señala el correo en poder de SEMANA.
La presión que sufren los funcionarios regionales de la SAE, que no se doblegan ante los intereses mafiosos y corruptos, es inmensa. Permanentemente los abordan, enviándoles “padrinos” que gestionan la corrupción, a punta de plata y terror. El que no acepte se pone en serio riesgo.
