Aerocivil: Contraloría halla detrimento de $1.000 millones en contrato para modernización de aeródromos en Chocó y Vichada

Se encontraron multimillonarios pagos que serían injustificados en contrato que debía haber beneficiado a poblaciones apartadas de la centralidad.

El programa Aeropuertos para los Servicios Aéreos Esenciales (Asaes) del gobierno de Gustavo Petro, que tiene una inversión de más de $363 mil millones y que se supone ya debería haber modernizado a cuatro aeródromos en Chocó, Nariño y Vichada, está bajo serios cuestionamientos de corrupción por parte de la Contraloría General de la República. La entidad a la cual apunta el órgano de control es la Aeronáutica Civil, la que, aparte, viene de ser señalada en las últimas semanas por supuesto tráfico de influencias, en versiones entregadas por funcionarios del alto gobierno como la saliente directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez.

La Contraloría General de la República encontró irregularidades en el pago de una cuota de gerencia dentro del Contrato Interadministrativo No. 23001314 de 2023, suscrito entre la Aerocivil y la empresa estatal ENTerritorio, para el mejoramiento de la infraestructura de los aeródromos de Bahía Solano (Chocó), Cumaribo y La Primavera (Vichada). El hallazgo, catalogado como administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y con solicitud de indagación preliminar, pone en el centro de la discusión pagos que han llegado a los $7.967’628.566, realizados como cuota de gerencia a ENTerritorio, por administrar, coordinar y ejecutar el proyecto.

Los pagos por cuota de gerencia están divididos en cuatro momentos diferentes, ligados al avance físico de las obras, según quedó establecido en la Cláusula Séptima del acuerdo público. Como lo explicó El País a principios del mes pasado, ninguna de las obras alcanza el 20%, aun cuando ya se ha girado más del 60% del presupuesto total. Pues según encontró EL TIEMPO, el primer tramo (equivalente al 50 % de la cuota) sí procedía sin exigir avance de obra, pues dependía únicamente de la entrega de documentos de planeación, requisito que ENTerritorio cumplió.

El problema surgió con el segundo pago, que exigía haber alcanzado el 50 % de ejecución del componente de suministro, proveeduría y transporte en el conjunto de los aeródromos. Ese umbral nunca fue acreditado.

A pesar de ello, mediante el Modificatorio No. 02, firmado el 15 de diciembre de 2025 y encontrado por la Contraloría, la Aerocivil amplió el plazo del contrato en tres meses y reconoció a ENTerritorio una adición de $1.815’084.315 en cuota de gerencia, sin condicionar ese pago a ningún indicador de avance físico. De ese monto, la Contraloría estableció que $1.055’799.029 son atribuibles específicamente a Bahía Solano, Cumaribo y La Primavera, los tres aeródromos objeto del hallazgo. Es precisamente esa cifra la que el organismo de control califica como un presunto detrimento patrimonial y sobre la cual pide que se abra una indagación preliminar, dado que ninguno de los tres proyectos había superado, a corte de finales de 2025, el 50% de ejecución exigido contractualmente.

De acuerdo con la auditoría financiera, los recursos fueron desembolsados “a pesar de que el área jurídica de la Aerocivil había emitido concepto previo advirtiendo que dicho reconocimiento podría configurar detrimento patrimonial, responsabilidad fiscal y responsabilidad disciplinaria. El pago fue ejecutado el 29 de diciembre de 2025 sin que se acreditara ningún avance físico en los aeródromos objeto de prórroga. Esta actuación contravenía la advertencia expresa que la oficina jurídica de la Aerocivil”. Para entonces, Luis Alfonso Martínez Chimenty ya estaba en funciones como director designado de la entidad aeronáutica, en reemplazo del brigadier general en retiro José Henry Pinto

La connotación penal

La gravedad del asunto, según el análisis del órgano de control, radica en que el pago no fue un error de cálculo aislado, sino el resultado de una decisión consciente. Para la Contraloría, esa secuencia de hechos es clave, dado que demuestra que los riesgos jurídicos eran conocidos por los funcionarios responsables y aun así no se adoptaron los correctivos necesarios. Esta es la razón por la que el hallazgo trasciende lo administrativo y se convierte en un asunto que compromete la responsabilidad personal de quienes ordenaron y avalaron el gasto.

Otro elemento que refuerza la connotación penal, según el informe, es la ausencia total de una medición objetiva del avance físico de los proyectos. El Informe de Supervisión No. 23, correspondiente a diciembre de 2025 (el mismo mes en que se pagó la adición de cuota), habría registrado como «N/A» el campo destinado a señalar el porcentaje de ejecución del contrato. Es decir, quien debía verificar si procedía o no el pago, no dejó constancia de haberlo hecho.