Hace poco, la Procuraduría General de la Nación requirió al gobierno nacional garantizar los derechos fundamentales a la vida digna, al territorio, la vivienda, la reparación integral, alimentación y multiculturalidad de la comunidad Pogue en Bojayá, Chocó.
El ente de control interpuso una acción de tutela con el objeto de requerir la ubicación inmediata de esta colectividad, al verificar que su territorio está en medio de dos ríos y colinda, además, con el río Atrato, por lo que, viven en riesgo de inundaciones y deslizamientos.
«Aunque, se confirmó que los recursos designados desde julio de 2022 ya han sido aprobados para el desplazamiento de esta población a un lugar en condiciones dignas para vivir; a la fecha aún siguen en el mismo lugar», señaló la información en su momento.
Esta situación hizo que varios medios de comunicación cuestionaran el avance del proyecto y se preguntarán dónde estaban los más de 18 mil millones de pesos para dicha reubicación.
Utilizando su página de Facebook, desde el gobierno local de Bojayá aclaran que el convenio No. 9677 PPAL001 – 762 – 2022 se hizo efectivo en el gobierno del presidente Iván Duque Márquez, en el primer semestre de 2020.
Después de varias gestiones se realizaron visitas y reuniones por parte de las entidades de orden nacional involucradas, con participación directa de la alcaldía de Bojayá y se pudo avanzar hasta la estructuración y firma del convenio mencionado.
Dicen que con la llegada del nuevo gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro Urrego, no se ha avanzado absolutamente en nada, que han perdido contacto con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos, donde ninguno de los oficios y solicitudes enviados por parte de la administración municipal ha tenido respuesta alguna.
Precisan que, en el gobierno de Petro, son varios los directores nacionales de Gestión de Riesgos, 3 directores, en un lapso de tiempo inferior a un año de gobierno; imposibilitando la gestión.
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