La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas frente a la crítica situación que enfrentan los cuerpos de bomberos en Colombia, exhortando a las entidades públicas a asegurar una financiación oportuna, continua y suficiente para garantizar la prestación del servicio en todo el territorio nacional.
Actualmente, el país cuenta con 887 cuerpos de bomberos, de los cuales solo 25 son oficiales, mientras que la gran mayoría, 814, operan como voluntarios. Estas organizaciones, sin ánimo de lucro, dependen en gran medida de convenios con alcaldías, cuyos recursos en muchos casos resultan insuficientes para cubrir sus necesidades básicas y modernizar sus equipos.
En medio del estado de desastre nacional vigente, el procurador general Gregorio Eljach emitió una directiva dirigida a alcaldías, gobernaciones y entidades como la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, instándolas a cumplir de manera estricta sus responsabilidades legales y constitucionales.
El Ministerio Público fue enfático en señalar que el servicio de bomberos es una obligación permanente e ineludible de las autoridades territoriales, especialmente de municipios y distritos, quienes deben garantizar su continuidad, eficiencia y cobertura durante todo el año, sin excusas administrativas o presupuestales.
Finalmente, se recordó que, según la Ley 1575 de 2012, el servicio bomberil es un servicio público esencial, por lo que su interrupción o deficiencia representa una grave falta que podría poner en riesgo la vida y seguridad de miles de colombianos.
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