Una difícil situación de orden público y confinamiento es la que atraviesa el departamento del Chocó. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los municipios más críticos son Quibdó, Medio Atrato, Bojayá, Carmen del Darién, Río Sucio, Bahía Solano, Juradó, Nuquí, Alto Baudó, Medio Baudó, bajo Baudó y Medio San Juan.
Además, varias organizaciones sociales y la misma iglesia católica han enviado cartas al Gobierno Nacional solicitando una reunión entre las autoridades y la sociedad civil del departamento para atender esta problemática.
En diálogo con Noticias RCN, el defensor del pueblo en Chocó, Luis Murillo habló sobre la situación que se vive en el municipio Nóvita.
“La presencia ilegal persiste y en ese sentido, los riesgos para la población civil. El confinamiento está ahora más enfocado en la amenaza que representan los artefactos explosivos que han sido instalados en el marco de la disputa entre el ELN y el AGC en ese territorio étnico”, señaló el defensor.
Además, señaló que las autoridades si han dado respuesta a estas necesidades, pero que aún se necesitan más acciones.
“Sin duda se necesita mucho más aliento en la gestión institucional, mucha más coordinación y que las respuestas sean de manera integral y no solamente por parte de la fuera pública, sino que otras instituciones civiles también estén allí, del lado de las comunidades para fortalecer las acciones en temas de garantías de derecho”, agregó.
Territorios más afectados por presencia de grupos armados
Murillo también agregó que, debido a la disputa entre los grupos y la amenaza de las trampas explosivas, ha sido complicado el ingreso de las autoridades al municipio, sin embargo, afirmó que la Defensoría si ha hecho presencia en el lugar.
“La Defensoría ha estado en el territorio, nosotros hemos adelantado dos misiones en los últimos 15 días. La primera para acompañar a la comunidad del Tambito que quedó en medio de una confrontación entre los grupos ilegales, y la segunda, para acompañar la entrega de esos alimentos y medicamentos a las personas que estaban siendo afectadas por el confinamiento derivado a una amenaza del ELN”, añadió.
Finalmente, mencionó que son alrededor de 900 familias las que están confinadas y que presentan algunas afectaciones por la imposibilidad de movilizarse.
“Son más o menos 4.000 personas que están ubicadas en al parte media y alta del río Tamaná. Las necesidades son múltiples, hay afectaciones de salud por la imposibilidad de poder desplazarse”.
