Cargos contra exgobernador de Chocó por presuntas irregularidades en obra vial financiada con regalías por $13.192 millones

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  • El proyecto fue aprobado en 2015 para rehabilitar la vía Riosucio – Belén de Bajirá; nueve años después apenas lleva 32 % de avance.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra, Ariel Palacios Calderón, gobernador de Chocó (2020 – 2023), por su presunta responsabilidad en las irregularidades que generaron retrasos e incumplimientos en obras de rehabilitación vial financiadas con recursos de regalías por $ 13.192 millones.
El proyecto fue aprobado en enero de 2015 por el OCAD Pacífico y entregado para su ejecución a la gobernación del Chocó; consistía en intervenir cuatro kilómetros de la vía Riosucio – Belén de Bajirá para mejorar pavimento, drenajes y alcantarillado; sin embargo, nueve años después, apenas presenta un avance físico del 32,5 % y financiero de 36 %. 
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público se presentaron cinco suspensiones de obra e interventoría, justificadas con el mal clima y bloqueos a la vía por comunidades indígenas vecinas, lo que motivó una visita del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que derivó en la suscripción de un plan de mejora para poder terminar la obra y cumplir con el objeto del proyecto de inversión.
Sin embargo, el acuerdo pactado entre el DNP y el ente ejecutor, no se cumplió y el giro de recursos fue suspendido en junio de 2019.
En 2021 el gobernador, Palacios Calderón, solicitó al DNP levantar la suspensión de giros argumentando que ya se había cumplido con el plan de mejoramiento, lo que no resultó cierto pues hacía falta efectuar dos de las seis acciones de mejora pactadas, por lo cual finalmente los $ 8.391 millones que quedaban para terminar, debieron ser liberados para otros proyectos financiados con recursos del sistema general de regalías, como lo indica la Ley.
El cargo endilgado al gobernador Palacios Calderón, está relacionado con haber omitido adelantar las gestiones pertinentes para cumplir con el plan de mejoramiento suscrito con el DNP, lo que trajo como consecuencia la liberación de los recursos para el proyecto de inversión. La falta fue calificada provisionalmente como grave, a título de culpa grave.

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