Usuarios del sistema de salud tendrían que utilizar hasta el 90% de sus ingresos para cubrir medicamentos que no les entregan
De acuerdo con los resultados del estudio —basado en 3.449 encuestas—, para una persona la compra de un medicamento que no le fue entregado, debido a las desigualdades económicas existentes en el país, representa entre un 7 % y un 90 % de sus ingresos mensuales.
Entre los medicamentos más reportados por desabastecimiento se encuentran Metformina, Valsartán y Losartán.
La Defensoría identificó 584 referencias no entregadas, con corte a septiembre del 2025, de las cuales el 48 % continúa sin resolución.
Los departamentos con mayor vulneración del derecho a la salud son Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés y Providencia, seguidos por La Guajira, Arauca y Amazonas.
Tutelas y quejas en aumento
La defensora del Pueblo dio a conocer las cifras sobre las tutelas presentadas en los últimos cinco años y ocho meses.
Son 1.003.147 las acciones jurídicas radicadas ante la Corte Constitucional, invocando el derecho a la salud entre enero del 2020 y agosto del 2025.
Tan solo en el 2025, el 33,85 % de las tutelas interpuestas corresponde al mismo derecho: es el segundo más invocado en el país, y el 36,82 % de las tutelas en salud, del mismo año, están relacionadas con la entrega inoportuna de medicamentos o insumos.
La Defensoría ha acompañado e interpuesto 18.451 tutelas entre enero y agosto del 2025, recurso judicial con el que ha sido solicitado el amparo del derecho fundamental a la salud.
El 24 % de las acciones estuvo relacionado con la negación en la entrega o acceso a medicamentos esenciales. Los departamentos con mayores casos registrados fueron Quindío (14 %), Caldas (12 %) y Antioquia (8 %).
Causas estructurales y llamados de la Defensoría
El informe atribuye el deterioro del acceso a una combinación de problemas financieros, administrativos y logísticos: falta de transparencia de EPS e IPS, retrasos en pagos a proveedores, cambios de gestores farmacéuticos sin capacidad operativa y distorsión de la cadena de distribución que privilegia el canal comercial privado.
Ante este panorama, la Defensoría recomendó una reforma estructural del sistema de salud, con enfoque territorial, transparencia financiera y coordinación interinstitucional para garantizar el suministro oportuno de medicamentos.
“El Gobierno no debe negar su responsabilidad en establecer transiciones menos inciertas y traumáticas en su propuesta de transformación del sistema”, subrayó la defensora Iris Marín Ortiz, quien insistió en que el Estado debe garantizar el derecho efectivo a la salud y atender las alertas sobre el sufrimiento que viven miles de pacientes en el país.
Deja una respuesta