La Comunidad Indígena Wounaan de Juinduur, perteneciente al Resguardo Quiparado, en jurisdicción de Riosucio, Chocó, solicitó la intervención de organismos de control ante las presuntas demoras e irregularidades que, según sus autoridades, se estarían presentando en el trámite de un proyecto financiado con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) Indígena.
La solicitud fue presentada el 30 de septiembre de 2026 por el gobernador indígena Wilder Carpio Mecheche ante entidades como la Defensoría del Pueblo, Personería Municipal, Contraloría y Fiscalía General de la Nación. En el documento se pide revisar las actuaciones de la Administración Municipal de Riosucio, particularmente las relacionadas con el trámite adelantado desde la Secretaría de Gobierno.
Según la queja, desde el 27 de abril la autoridad indígena inició gestiones para impulsar el proyecto destinado a la construcción de una nueva casa comunitaria para Juinduur. En ese momento, afirma, se habría informado que para el 20 de mayo existiría una respuesta sobre la viabilidad y que la ejecución presupuestal comenzaría en junio. Sin embargo, mayo, junio y julio habrían transcurrido sin una respuesta de fondo.
La comunidad señala que inicialmente se les habría indicado que el proceso estaba detenido por la falta del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP). Posteriormente, el 28 de agosto, según el relato incluido en la queja, se les habría informado que el certificado ya estaba generado y que la documentación pasaría al área jurídica para continuar con la contratación. No obstante, hasta finales de septiembre no se habría concretado la firma del contrato ni el inicio de la obra.
La situación preocupa a la comunidad debido al estado de deterioro de la actual caseta que utilizan como espacio comunitario. Por ello, solicitan verificar si los recursos del SGP Indígena están disponibles, cuál es el estado real del CDP y cuáles serían las razones de la demora en la contratación y ejecución del proyecto.
Asimismo, el gobernador indígena asegura haber presentado el 15 de julio una queja disciplinaria ante la Personería Municipal por un presunto incumplimiento de deberes y omisión de funciones, de la cual, según el documento, aún no habría recibido número de radicado ni respuesta de fondo.
La comunidad pide acompañamiento institucional, protección de sus derechos colectivos y que las entidades competentes determinen si existen responsabilidades administrativas, disciplinarias, fiscales o de otra naturaleza. La queja constituye una denuncia presentada por las autoridades indígenas y no representa, por sí misma, una decisión o sanción contra los funcionarios mencionados; corresponderá a los organismos competentes verificar los hechos.
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