La Defensoría del Pueblo informó que atendió a 2.626 víctimas del conflicto armado durante una intervención institucional desarrollada a lo largo de una semana en nueve municipios de los departamentos de Chocó y Antioquia, ubicados en la cuenca del río Atrato.
La jornada tuvo como objetivo acercar la oferta institucional a comunidades que enfrentan dificultades de acceso por las largas distancias y los altos costos del transporte fluvial, factores que limitan su desplazamiento hacia las sedes de las entidades del Estado.
Durante las actividades, realizadas en Bojayá, Acandí, Murindó, Carmen del Darién, Belén de Bajirá, Medio Atrato, Vigía del Fuerte, Riosucio y Unguía, la entidad recepcionó 183 declaraciones juramentadas para el reconocimiento de víctimas en el Registro Único de Víctimas (RUV).
Además, remitió 53 expedientes a la Unidad para las Víctimas (Uariv) para el análisis de posibles casos relacionados con la presentación extemporánea de solicitudes de reparación integral, de acuerdo con la normatividad vigente.
La gestión administrativa representó el mayor número de actuaciones, con 1.100 trámites relacionados con atención humanitaria, seguimiento a planes de reparación integral y actualización de información de beneficiarios. La Uariv acompañó estas labores mediante la revisión del estado de las indemnizaciones económicas.
La Defensoría también recibió quejas y solicitudes de la ciudadanía, con el propósito de facilitar la atención de los casos y mejorar los tiempos de respuesta por parte de las instituciones competentes.
En materia de representación legal, fueron radicados siete derechos de petición y siete acciones de tutela. Asimismo, se presentaron cinco actuaciones judiciales encaminadas a garantizar el derecho al registro civil de varias personas, mediante recursos administrativos y solicitudes de revocatoria directa.
Como parte de la estrategia, se desarrollaron dos jornadas de capacitación dirigidas a víctimas del conflicto armado, enfocadas en el conocimiento de las rutas de acceso a derechos y los mecanismos de seguimiento a las obligaciones del Estado.
Las actividades incorporaron un enfoque diferencial étnico conforme a los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011. Para facilitar la participación de comunidades indígenas, se contó con intérpretes de lengua emberá que apoyaron la toma de declaraciones y el diligenciamiento de formularios.
De igual manera, la entidad consolidó información de censos comunitarios en los municipios de Medio Atrato y Carmen del Darién, registrando aproximadamente 11.400 personas. Estos datos serán remitidos a la Unidad para las Víctimas para los procesos de verificación y actualización del Registro Único de Víctimas.
La Defensoría del Pueblo indicó que continuará realizando seguimiento a los requerimientos presentados ante las distintas autoridades y al trámite de las acciones judiciales, con el fin de verificar la atención oportuna de los derechos de las víctimas beneficiadas durante estas jornadas.
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