La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, y en un trabajo articulado con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, golpeó el componente estructural y el patrimonio ilícito de la organización delincuencial ‘Los Zares II’.
De acuerdo con los elementos de prueba, este grupo delictivo sería el responsable de la contaminación ambiental, y la destrucción de varias zonas de reserva forestal y territorios de
comunidades afrocolombianas en Chocó, producto de la agresiva extracción ilícita de oro.
Seis de los presuntos integrantes de la organización fueron capturados y judicializados, entre
ellos, los denominados articuladores. Se trata de Isaac de Jesús Vargas Urieta, señalado de controlar los entables en Atrato, Río Quito y Paimado; y José Oliver Moreno, alcalde de Medio San Juan o Andagoya (Chocó), quien tendría complejos mineros en inmediaciones de los ríos
Tamaná y San Juan, los cuales funcionaban clandestinamente y mediante el uso de dragas y
excavadoras.
Otro de los involucrados en la actividad ilegal es José Darlinton Agualimpia Mosquera, supuesto hombre de confianza del procesado alcalde municipal y el encargado de manejar directamente los frentes de minería, los turnos de los operarios y de la maquinaria, y reportar la producción aurífera.
Los demás investigados estarían vinculados a la búsqueda del metal precioso sobre las diferentes fuentes hídricas.
Dos operaciones realizadas contra ‘Los Zares II’, en enero y septiembre de 2021, permitieron constatar en el terreno deforestación, pérdida de ecosistemas nativos, afectación al suelo y la capa vegetal, y contaminación física y química del agua por el vertimiento de sustancias tóxicas.
La Fiscalía estableció que el oro obtenido, al parecer, era amparado con títulos mineros que conseguía la red mediante diferentes maniobras y certificaciones de compañías y proveedores fachada. Así, supuestamente, le daba una apariencia de legalidad para comercializarlo.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó
a los seis presuntos integrantes de ‘Los Zares II’ los delitos de: concierto para delinquir, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica, y contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero.
La Fiscalía solicitó la imposición de medidas de aseguramiento privativas de la libertad contra los procesados; sin embargo, el juez de control de garantías no accedió a la petición.
La decisión fue apelada.
Impacto al patrimonio de los ‘Zares II’
Paralelamente al proceso penal, una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre cuatro inmuebles rurales, ocho urbanos y dos establecimientos de comercio.
Los bienes, cuyo valor alcanzaría los 3.000 millones de pesos, pertenecerían a ‘Los Zares II’. 11
de estas propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas en Istmina (Chocó), Pereira (Risaralda) y Medellín (Antioquia).
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de los bienes afectados.
