Más de 20.000 ciudadanos se habrían visto afectados por situaciones de violencia en los primeros meses de 2022.
La Procuraduría General de la Nación abrió proceso preventivo contra la Gobernación del Chocó, por presuntamente no tener actualizado su plan de contingencia ni contratado al operador logístico para la entrega de ayudas humanitarias a la población afectada por la difícil situación de orden público, la violación de derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario.
La Procuraduría Regional de Chocó señaló que es deber de la gobernación realizar al comienzo de cada año las actuaciones respectivas que permitan brindar atención inmediata a quienes resultan perjudicados por hechos relacionados con el conflicto interno del país.
De igual manera, la Entidad aseguró que “el deber de entregar ayudas humanitarias corresponde al cumplimiento de medidas de orden logístico, reglamentario y judicial, las cuales buscan garantizar los derechos de las víctimas y, además, restablecer la situación alterada a través de varios mecanismos de orden legislativo, reglamentario y judicial”.
En lo corrido de 2022 no se tiene constancia de que haya prestado atención humanitaria, a pesar de las frecuentes acciones de los grupos armados, el asesinato de varios líderes de pueblos indígenas y comunidades que se oponen al narcotráfico, el reclutamiento de menores y los desplazamientos y confinamientos a los que se han visto obligados en varios municipios del departamento.
Según la Defensoría del Pueblo, en 2021 se vieron afectadas cerca de 50.000 personas y más de 20.000 en los primeros meses de 2022. Entre los lugares con un mayor número de víctimas, heridos y desplazados se encuentran Istmina, Medio San Juan, Bojayá, Medio Atrato, Alto y Bajo Baudó, Nóvita y Sipí.
Por su parte, el Ministerio Público ratificó que el Estado colombiano tiene la obligación de garantizar la entrega de ayuda humanitaria como expresión del derecho fundamental al mínimo vital y velar porque la entrega sea oportuna, integral y en términos de igualdad en todo el territorio nacional, no únicamente por municipios, y que de requerirse se deberá solicitar el apoyo subsidiario de la gobernación, situación que, al parecer, no se ha dado.
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