La explotación de oro en Nóvita y el Baudó está bajo la lupa por posibles nexos con grupos armados y presuntos aportes a campañas electorales.
El vocero del Gobierno nacional, Miller Soto, anunció que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, presentará ante el Consejo de Política Criminal una propuesta para abordar la minería criminal como una actividad vinculada con la financiación de grupos armados y otras economías ilícitas.
Del mismo modo, Soto se refirió a la presencia de maquinaria pesada en terrenos intervenidos para la extracción de oro en Nóvita. También mencionó el uso de documentos falsos para ingresar a predios, la utilización de productos químicos y las modificaciones realizadas sobre los cauces de los ríos.
Soto afirmó que el ministro Rodrigo Lara llevó a la Fiscalía General de la Nación una hipótesis relacionada con el posible destino de los recursos obtenidos de estas operaciones. La denuncia plantea que parte de las rentas de la minería ilegal habría financiado campañas políticas de 2026 y que un esquema similar podría presentarse en las elecciones regionales de 2027.
Se trata de señalamientos que deberán ser objeto de las verificaciones correspondientes por parte de las autoridades competentes. Soto no presentó detalles adicionales sobre las campañas presuntamente involucradas ni identificó a personas específicas relacionadas con esa hipótesis.
Sobre las actuaciones anunciadas, Soto sostuvo que quienes puedan tener responsabilidad deberán responder ante las autoridades. También confirmó que la propuesta será llevada al Consejo de Política Criminal, instancia en la que, según explicó, el texto será discutido y ajustado antes de avanzar en su trámite.
La iniciativa pretende establecer un tratamiento específico para las operaciones de minería ilegal de gran escala, bajo el argumento de que sus efectos no se limitan a la explotación de recursos naturales, sino que también pueden estar relacionados con el financiamiento de estructuras criminales.
El vocero también se refirió a una operación en Yuto, Chocó, en la que fueron inutilizadas cuatro excavadoras que, según indicó, pertenecían a una subestructura del Clan del Golfo. No entregó detalles adicionales sobre las fechas de los procedimientos ni sobre personas capturadas durante esas actuaciones.
En su declaración, Soto relacionó estas operaciones con la estrategia gubernamental dirigida a afectar las fuentes de financiación de las organizaciones armadas. Entre las actividades mencionadas están la producción de cocaína, la extorsión y la explotación ilegal de oro.
La posición expuesta por el vocero es que las intervenciones contra la minería ilegal deben dirigirse también a los recursos económicos que sostienen a los grupos armados, además de las acciones contra la maquinaria y las instalaciones utilizadas para la extracción.
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