El transporte fluvial, que es la principal vía de conexión en esta zona del Chocó, se detuvo casi por completo, y con él se frenó el acceso a alimentos, atención médica y actividades básicas para cientos de familias.
Lo que ocurre allí no es un hecho aislado. Detrás de este escenario está un paro armado indefinido decretado por el ELN, que impuso restricciones severas a la movilidad y altera profundamente la rutina de comunidades enteras, tanto en áreas rurales como urbanas.
La situación encendió las alertas de la Defensoría del Pueblo, que advirtió sobre el impacto humanitario que ya se está registrando en el territorio. La entidad puso el foco en las consecuencias directas que esta medida está teniendo sobre derechos fundamentales de la población.
De acuerdo con el reporte oficial, el paro, el primero de este tipo en lo que va de 2026, fue anunciado por el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla. Su alcance no es menor: afecta a 25 comunidades del municipio de Bajo Baudó, una región históricamente golpeada por el conflicto armado.
Dentro de este grupo, se encuentran 16 comunidades afrocolombianas que agrupan a 530 familias, es decir, cerca de 1.933 personas. A ellas se suman nueve comunidades indígenas, conformadas por 886 familias que reúnen a unas 4.114 personas. En total, más de 1.400 familias enfrentan hoy restricciones que condicionan su supervivencia diaria.
La alerta también se extendió a las autoridades. La Defensoría hizo un llamado urgente para que se adopten medidas coordinadas que permitan atender la emergencia y garantizar la seguridad de los habitantes del Bajo Baudó. El desafío no es menor.
La combinación de aislamiento geográfico, presencia de actores armados y limitaciones institucionales convierte a esta región en un escenario especialmente complejo.
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