Con el objetivo de verificar los avances en la garantía del derecho al agua potable y el saneamiento básico de las comunidades indígenas, la Procuraduría General de la Nación solicitó información detallada a la Gobernación de Chocó, las alcaldías de Alto y Bajo Baudó, Bagadó, Bojayá, Lloró y Riosucio, así como a la empresa Aguas del Chocó.
Esta actuación preventiva, liderada por la Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial, responde a una alerta emitida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en la que advierte la falta de respuesta al respecto por parte de esas entidades.
En tal sentido, el Ministerio Público requirió un informe detallado de las dificultades, gestiones y el estado de los proyectos que hacen parte del seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-080 de 2018 de la Corte Constitucional.
Por su parte, a la empresa Aguas del Chocó le reiteró la obligación de informar los avances en la implementación de Sistemas No Convencionales de Captación y Potabilización de Aguas Lluvias (SCALL) en Bagadó y Lloró, la construcción de sistemas diferenciales de abastecimiento, la optimización de sistemas en Bajo Baudó y el estado del Programa Escuelas Rurales.
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