Según las cifras entregadas, aproximadamente 3.200 viviendas quedaron completamente destruidas y más de 19.000 resultaron averiadas.
A tres meses del terremoto sigue la crisis humanitaria por la atención de la emergencia en el departamento del Chocó. En 30 de los 32 municipios hay algún tipo de afectación y mandatarios locales reportan que escasean los recursos para construir 30 mil viviendas.
La magnitud de los daños, las dificultades para acceder a recursos de reconstrucción y los problemas jurídicos asociados a numerosos predios mantienen en incertidumbre a miles de familias que todavía esperan soluciones definitivas para recuperar sus viviendas.
Los propios mandatarios locales describen el panorama como una situación crítica. El movimiento sísmico del pasado 10 de agosto, cuyo epicentro estuvo en el municipio de San José del Palmar, dejó afectaciones en 30 de los 32 municipios del departamento. El balance consolidado registra 13 personas fallecidas, 348 lesionadas y más de 45.000 damnificadas.
La dimensión de la emergencia también se refleja en la infraestructura destruida. Según las cifras entregadas, aproximadamente 3.200 viviendas quedaron completamente destruidas y más de 19.000 resultaron averiadas. A esto se suman daños en cerca de 300 establecimientos educativos y más de un centenar de centros de salud, lo que compromete tanto las condiciones de habitabilidad como la prestación de servicios esenciales.
La situación tampoco ofrece mejores perspectivas en los municipios más pequeños. En localidades de quinta y sexta categoría presupuestal, las administraciones enfrentan limitaciones para responder a una emergencia de semejante magnitud.
Istmina es uno de los ejemplos. Su alcalde, Jaison Mosquera, reporta 1.700 familias afectadas y cerca de un centenar de viviendas averiadas, de las cuales apenas 17 han podido ser intervenidas con recursos propios.
“Verdad que la situación es triste, es crítica, porque al día de hoy no ha habido un programa de reconstrucción para poder llegar a las víctimas, a los territorios, a las comunidades. Hoy en nuestro municipio no cuenta con un banco de maquinaria para remover los escombros de las viviendas afectadas. Todavía lo estamos haciendo de manera manual”, aseveró.
Mientras avanzan las gestiones para recuperar las estructuras habitacionales, algunas familias permanecen en alojamientos temporales habilitados en hoteles que no sufrieron daños. En otros casos, las condiciones de emergencia también han alterado la educación: niños y adolescentes reciben clases en carpas improvisadas, ante la imposibilidad de utilizar algunos establecimientos afectados.
Mosquera sostiene que los recursos anunciados por el Gobierno nacional todavía no se traducen en una respuesta suficiente para las comunidades más necesitadas.
“hacemos el llamado al Gobierno Nacional de que se presente acá al departamento en Chocó y sobre todo en Mina porque a veces fijamos nuestra atención únicamente en Chocó que es la es la la capital del departamento, pero hay municipios que son fueron muy afectados por este sismo del 10 del del 10 de agosto y necesitan la presencia efectiva del Gobierno Nacional”, agregó.
Desde la administración departamental, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba informó que los proyectos de reconstrucción fueron radicados ante el Fondo Milagro. Sin embargo, el proceso enfrenta obstáculos relacionados con la situación jurídica de numerosos terrenos donde se pretende desarrollar las intervenciones.
La mandataria ha descrito esta dificultad como un “choque de trenes” entre las iniciativas de recuperación y los problemas de propiedad que deben resolverse para avanzar.
“Y es que hay algunos territorios del país, donde comenzar es más difícil que en otros, porque no hay gestión predial, porque no están actualizados los EOTs y los POTs, porque no hay propiedad, por ejemplo, de esa de esos bienes y hay que comenzar a legalizar los predios, donde por ejemplo, los predios que se han identificado por parte de los municipios para el reasentamiento de las viviendas no tienen acceso, por ejemplo, a servicios básicos como agua, como alcantarillado y eso hace una especie de choque de trenes”, puntualizó.
La entrega de soluciones habitacionales comenzó en septiembre. El pasado 7 de ese mes fue asignada la primera vivienda modular del proyecto denominado Casas Pacífico, en el barrio Medrano de Quibdó.
Las autoridades departamentales proyectan que varios frentes de construcción permitirán realizar una entrega más amplia de viviendas entre diciembre de 2026 y enero de 2027. No obstante, el cumplimiento de ese cronograma dependerá de la disponibilidad de recursos y de la superación de los obstáculos que todavía afectan la ejecución.
En materia de apoyo financiero, el 29 de octubre la Gobernación recibió una contribución superior a los 90 millones de pesos del Gobierno de la República de China, a través de la Oficina Comercial de Taipéi en Colombia. El aporte será destinado al fortalecimiento del Banco de Materiales del departamento, con el propósito de respaldar intervenciones prioritarias de rehabilitación y recuperación en los municipios afectados.
Paralelamente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Gobierno nacional comenzaron la entrega de ayudas económicas a familias damnificadas en 14 municipios del departamento.
La emergencia continúa atendiéndose y el principal reto en el que coinciden varios sectores es que los anuncios y proyectos radicados se traduzcan en intervenciones concretas. Para las administraciones municipales, especialmente aquellas con menores ingresos, la reconstrucción.
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