En un comunicado la gobernación del Chocó rechazo cualquier tipo de obstrucción u ataque que se realice en contra de las misiones médicas, el personal de los equipos de salud y los pacientes en general.
El 28 de septiembre de 2023, se registró un hecho alarmante en el que una ambulancia, que cubría la ruta Quibdó- Yuto, se vio impedida de avanzar debido a la obstrucción de la vía por parte de manifestantes. Estos actos ponen en riesgo la vida y la salud de los pacientes que requieren atención médica urgente, ya que puede terminar en lesiones o incluso el fallecimiento de los pacientes que están siendo transportados.
Estos incidentes constituyen una violación flagrante a los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en particular los derechos a la vida, la salud y el acceso a atención médica, así como la protección de la población en riesgo.
La Resolución 4481 de 2012, que adopta el Manual de Misión Médica, establece claramente los derechos del personal sanitario, a no ser objeto de ataques y brindar atención médica.
Lamentablemente, en este caso fueron violados los derechos, lo que va en contra de los valores fundamentales de nuestra sociedad.
Reconocemos el derecho de la población a realizar protestas sociales y pacíficas por las vías legítimas y a levantar la voz para buscar la garantía de los derechos de toda la sociedad. Sin embargo, hacemos un llamado para que las protestas no sean un escenario propicio para violentar el derecho a la salud de las personas que necesitan atención y el bienestar de los equipos y misiones médicas que prestan un servicio invaluable a la comunidad.
Es necesario que la comunidad permanezca unida y proteja al Talento Humano en Salud que día a día expone su vida en favor de todos, como bien preciado y estamento fundamental de la sociedad. El personal de salud seguirá realizando dicha labor con la misma dedicación con la que se está haciendo hasta ahora, pero exigimos como institución garante de la salud no solo respeto por la labor médica, sino que daremos las garantías que salvaguarden el bienestar y la seguridad de los pacientes mediante las autoridades disponibles.























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