La medida judicial busca mitigar el cese de actividades y la no iniciación del calendario escolar 2026
El Consejo de Estado ordenó suspender provisionalmente una orden judicial de embargo que cobijaba los dineros depositados en una cuenta del Sistema General de Participaciones del Chocó destinados a pagar la nómina de docentes y personal administrativo de la Secretaria de Educación, hasta tanto se profiera sentencia.
El alto tribunal resolvió la solicitud formulada por la Gobernación del Chocó, coadyuvada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), en el marco de un proceso ejecutivo que se libra contra el departamento para hacer efectiva una condena de reparación colectiva por el no pago de intereses de cesantías a unos trabajadores del ente territorial.
La imposibilidad de disponer de los recursos contribuyó en el no pago de salarios de diciembre del 2025 tanto de docentes como de personal administrativo del sector, lo que derivó en el cese de actividades por parte de organizaciones sindicales, no iniciación del calendario escolar 2026 y posterior declaratoria de emergencia educativa.
La situación, agregó la Sala, comprometió de manera directa no solo el mínimo vital y el derecho al trabajo de los servidores públicos afectados, sino el derecho fundamental a la educación de los menores de edad del departamento, quienes se han visto privados del acceso al servicio educativo en razón de una controversia patrimonial.
La suspensión provisional no implica desconocimiento ni extinción de la obligación a ejecutar, ni la eliminación de garantías del acreedor, las cuales se podrían garantizar a través de otros bienes o recursos del ente territorial que no estén afectados por el principio de inembargabilidad constitucional y legal.























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