Claudio Tomasi, representante del organismo en Colombia, explicó que la cifra aún es preliminar y no incluye pérdidas económicas ni impactos humanos.
A poco más de un mes del terremoto que golpeó al Chocó y otras regiones de Colombia, las primeras estimaciones empiezan a dimensionar el tamaño del desafío que tendrá el país en la recuperación del departamento. Una evaluación preliminar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), con corte al 27 de agosto, calculó en $42,1 billones los daños físicos directos en estructuras y estimó en 16,9 millones de metros cúbicos el volumen de escombros. La cifra, sin embargo, todavía no incluye las pérdidas económicas, el impacto sobre los hogares ni otras afectaciones que serán incorporadas en la evaluación integral que adelanta el Gobierno.
Claudio Tomasi, representante del Pnud en Colombia, asegura que el reto va más allá de reconstruir viviendas, vías o infraestructura pública. explica que el proceso deberá atender al mismo tiempo la recuperación de empleos y pequeños negocios, el acceso a servicios básicos y el fortalecimiento de las capacidades institucionales del departamento.
A solicitud del Gobierno colombiano, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) en Colombia, articulado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), realizó una evaluación preliminar de daños sobre estructuras físicas mediante la herramienta que, por medio de modelaciones e información geoespacial, combinada con bases de datos nacionales, ofreció una primera aproximación para entender la magnitud del desastre en términos de exposición de la población al sismo, daños económicos y volumen de escombros. Hoy, bajo el liderazgo de la UNGRD, se desarrolla la Evaluación de Daños, Análisis de Necesidades, Pérdidas, Riesgos Asociados e Impactos (Edanpri), donde el Pnud ejerce su Secretaría Técnica y dirección metodológica. Esta evaluación integral complementará los distintos diagnósticos preliminares y permitirá contar con información sectorial y territorial más completa y validada sobre daños, pérdidas, impacto humano, riesgos asociados y necesidades de recuperación.
¿Cuánto dinero se calcula que será necesario para recuperar y reconstruir las zonas afectadas y en cuánto tiempo podría ejecutarse ese proceso?
Aún no es posible presentar una cifra definitiva sobre el costo de la recuperación y la reconstrucción. Eso será justamente el resultado del ejercicio en el que hoy se encuentra el país con la evaluación integral (Edanpri). En ese momento se podrán calcular mejor las necesidades en términos de presupuesto y tiempos. Nuestra evaluación preliminar, con corte al 27 de agosto, estimaba en $42,1 billones el costo de daños físicos directos en estructuras, sin incluir otros valores como pérdidas e impactos humanos. Además, obtuvimos una estimación inicial del volumen de escombros de 16,9 millones de metros cúbicos. Cabe resaltar que esta evaluación no es estática, pues se estará actualizando periódicamente en la medida en que se obtenga nueva información.
¿Cuáles son hoy los tres sectores que más preocupan al Pnud por el nivel de afectación y que deberían ser atendidos primero?
La priorización definitiva debe surgir de las necesidades de los territorios y los actores locales que mejor conocen su contexto, aspectos que se espera sean recogidos en la evaluación actual (Edanpri). Sin anticipar esos resultados, observamos tres frentes que requieren atención simultánea. El primero es vivienda, hábitat y servicios esenciales, incluida la gestión segura y sostenible de los escombros. El segundo es la recuperación económica de los hogares y territorios, especialmente el empleo, los pequeños negocios, las unidades productivas y las actividades informales. El tercero es la recuperación de la infraestructura social y de las capacidades comunitarias e institucionales, incluyendo educación, salud, cuidado, justicia, protección y cohesión social. No debemos olvidar que el impacto del sismo no se limita a daños económicos cuantificables. Debemos poner el foco sobre el acceso de distintas poblaciones a servicios esenciales, la garantía de derechos, la recomposición de redes económicas y del tejido social, entre muchas otras dimensiones que tiene el impacto humano de este desastre.
Usted ha dicho que reconstruir “no es solo levantar lo que se cayó”. ¿Qué tendría que cambiar estructuralmente en el Chocó para que esta tragedia se convierta realmente en una oportunidad de transformación?
Efectivamente. La recuperación no debe reproducir las vulnerabilidades que existían antes del sismo. En el Chocó, esto implica mejorar de manera sostenible el acceso a agua, salud, educación, energía y conectividad; construir infraestructura más segura; fortalecer las capacidades de la Gobernación y las alcaldías; y ampliar las oportunidades productivas y de empleo a partir del fortalecimiento del tejido empresarial chocoano. También significa que las comunidades afrocolombianas e indígenas participen en la definición, ejecución y seguimiento de las inversiones. La recuperación será transformadora si permite cerrar brechas territoriales, fortalecer las instituciones locales y convertir las prioridades de las comunidades en proyectos viables y financiables. No se trata de presentar la tragedia como una oportunidad, sino de asegurar que las decisiones de recuperación reduzcan riesgos y desigualdades, y mejoren las condiciones de vida de la población afectada.
El Pnud tiene la secretaría técnica de la evaluación de daños y necesidades. ¿Cuándo estará listo ese diagnóstico y qué decisiones concretas permitirá tomar?
El Edanpri es liderado por la UNGRD y está articulado con el proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) coordinado desde el DNP. El Pnud, como usted indica, ejerce la Secretaría Técnica y la dirección metodológica del Edanpri, acompañando la articulación de los componentes sectoriales y territoriales. De acuerdo con el cronograma de trabajo establecido, se busca contar con una versión completa de la evaluación el 7 de octubre y la propuesta de Plan de Acción Específico (PAE) para la Recuperación el 4 de noviembre de 2026, una vez concluidos los procesos de consolidación y validación con los sectores y territorios. Sobre esa base será posible definir prioridades, estimar costos, secuenciar intervenciones, asignar responsabilidades e identificar fuentes de financiación. El objetivo es que los PAE se articulen directamente con la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.
¿De dónde saldrán los recursos para la reconstrucción? ¿Qué parte debería asumir el Gobierno colombiano y cuánto esperan movilizar mediante cooperación internacional y organismos multilaterales?
La definición de la arquitectura financiera corresponde al Gobierno de Colombia, para lo cual, muy seguramente, el rol central será ejercido por el Fondo Milagro. Por la magnitud y duración del proceso, la recuperación requerirá combinar recursos del presupuesto nacional y territorial, mecanismos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, financiación de la banca de desarrollo y multilateral, cooperación internacional, inversión privada y otras fuentes que determine el Gobierno Nacional. Los recursos públicos nacionales seguirán siendo centrales. La cooperación internacional y las instituciones financieras pueden cumplir un papel complementario y catalítico: aportar asistencia técnica, preparar proyectos, reducir riesgos, movilizar financiación adicional y apoyar intervenciones demostrativas que posteriormente puedan ampliarse. Quisiera destacar el rol central que está jugando el sector privado, desde las mismas empresas, sus fundaciones empresariales y plataformas de articulación empresarial y gremial. Sin duda, la recuperación y la reconstrucción pasan por este compromiso que ya ha sido manifestado por estos actores. Todavía no es posible establecer cuánto podrá movilizarse por cada fuente. Primero se necesita una evaluación consolidada y una cartera priorizada de iniciativas. La cooperación será más efectiva si se articula con los Planes de Acción Específicos (PAE) y responde a prioridades oficiales y territoriales claramente definidas.
Uno de los problemas históricos del Chocó ha sido lograr que los recursos y los proyectos se traduzcan efectivamente en mejoras para las comunidades. ¿Qué mecanismos se plantean para garantizar transparencia, seguimiento y ejecución?
Los mecanismos de transparencia, seguimiento y ejecución, sin duda, son importantes: un desafío que no solo es central para el Chocó, sino para cualquier región o país que enfrenta esta situación. La transparencia debe incorporarse desde el diseño de la recuperación. Esto requiere criterios públicos de priorización, una cartera trazable de proyectos, responsabilidades institucionales definidas, indicadores de resultados y reportes periódicos sobre avances físicos y financieros. Esto debe ir acompañado de una estrategia de comunicación por parte de las entidades responsables para informar directamente a la ciudadanía, así como de espacios de participación ciudadana para canalizar consultas y propuestas. Se podría pensar en instrumentos como un Banco de Proyectos y una Ventanilla Única que permitan organizar iniciativas, identificar fuentes de financiación y hacer seguimiento a su ejecución, preservando las responsabilidades de cada entidad y mecanismo financiero.
¿Cómo funcionará en la práctica el ‘Chocó Territorial Readiness Facility’ y qué diferencia tendrá frente a otros programas de cooperación que anteriormente han llegado al departamento?
La Facilidad de Preparación Territorial Chocó es un vehículo de fortalecimiento de capacidades fiscales y planificación, estructuración de proyectos y financiación de iniciativas creado con y desde el territorio (Alcaldía, Gobernación del Chocó y organizaciones sociales) que permite coordinar esfuerzos de actores locales, nacionales e internacionales para impulsar el desarrollo del territorio en el largo plazo. Mientras se construyen capacidades locales, el facility promueve condiciones habilitantes, fiscales y de prospectiva, para atraer inversiones de largo plazo para impulsar los proyectos detonantes del territorio. Ha sido aprobado por el SDG Fund y tiene una duración inicial de dos años, mientras se crean las condiciones y capacidades para transferir su ejecución a las autoridades locales. La diferencia frente a programas de cooperación anteriores se puede describir en cuatro rasgos que lo destacan explícitamente.
Primero, el liderazgo territorial: las prioridades están orientadas desde la Visión Chocó 2050, el plan de recuperación y reconstrucción y los instrumentos territoriales existentes. Segundo, pasa de intervenciones fragmentadas a una sola estrategia, un marco de resultados y una gobernanza conjunta. Tercero, trabaja en la habilitación de condiciones, fortaleciendo capacidades y construyendo la hoja de ruta de desarrollo, permitiendo iniciativas estructuradas para la movilización de recursos, haciendo uso de diferentes mecanismos financieros que viabilicen proyectos, reduzcan riesgos y generen mayor impacto. Y cuarto, una ‘plataforma’ que combina capacidades y capital, conectada a la CAF, la ONU, el gobierno local, las Instituciones Financieras Internacionales (IFI), la cooperación y el sector privado bajo un mismo mecanismo, dejando una arquitectura preparada para sumar nuevos socios y financiación.
Más allá de reconstruir la infraestructura, ¿qué se está planteando para recuperar empleos, pequeños negocios y medios de vida de las familias afectadas por el terremoto?
La recuperación económica debe comenzar mientras avanza la reconstrucción. Desde el Pnud y nuestros socios estamos reorientando programas de empleo de emergencia para actividades de utilidad comunitaria; apoyo a la reposición de herramientas, equipos y activos productivos; asistencia técnica y capital de recuperación para pequeños negocios; y medidas para reactivar mercados, cadenas de suministro y actividades económicas locales. Estas medidas deberán articularse con las prioridades del Gobierno y las autoridades territoriales, así como con el tejido empresarial. El objetivo no es solamente compensar una pérdida inmediata, sino evitar que los hogares agoten sus activos, se endeuden o abandonen sus actividades económicas mientras avanza la recuperación.
Si regresa al Chocó dentro de dos o tres años, ¿qué tendría que haber cambiado para que el Pnud pueda decir que esta reconstrucción fue exitosa y que no se limitó simplemente a devolver al territorio a las condiciones que tenía antes del terremoto?
Lo primero es que en mi corta visita encontré un enorme potencial en las autoridades departamentales y locales, el tejido empresarial y la sociedad civil chocoana. Lo que quisiera encontrar es que la recuperación y la reconstrucción han sido construidas desde y con el territorio; solo así estos resultados serán sostenibles en el tiempo. Lo fundamental es que en este proceso se atiendan de manera simultánea las necesidades inmediatas de reconstrucción con las posibilidades de atender las brechas históricas que ha vivido el departamento. Después de mi encuentro con el alcalde de Quibdó y la gobernadora del Chocó, me llevo el compromiso y la convicción de posicionar a esta región de Colombia como un territorio de oportunidades.
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