El periódico capitalino, por segunda vez se ocupó en menos de 15 días, de la situación de orden público que golpea al departamento.
El hecho de que el Eln, el Clan del Golfo y otros grupos armados ilegales puedan bloquear departamentos como el Chocó cada vez que se lo propongan es la prueba evidente e innegable de uno de los principales fracasos del gobierno Petro, que está ya a tres semanas de terminar: la pérdida de control territorial a manos de los violentos de distinta laya.
Al igual que lo que ocurre en extensas zonas de Cauca, Valle, Nariño, Caquetá, Guaviare, Arauca y Norte de Santander, en Chocó no se puede asegurar que la institucionalidad esté imperando. Sí, hay gobernación, alcaldías y demás autoridades civiles funcionando y tratando de aplicar la ley y liderar la administración pública; sí, existe amplia presencia de las Fuerzas Militares y de Policía en busca de repeler las amenazas a la vida, honra y bienes de la población; sí, jueces, fiscales, entes de control y el Ministerio Público realizan su trabajo de manera esforzada para que se cumplan los mandatos constitucionales y legales… Todo eso es cierto. Sin embargo, de allí a que el control del territorio esté en manos del Estado hay mucho trecho.
Indudablemente, a lo largo del agónico cuatrienio de izquierda este departamento ha sido uno de los más críticos en materia de seguridad y orden público. Es, de lejos, la región en donde los grupos subversivos y las bandas criminales de alto espectro más ‘paros armados’ han impuesto a sangre y fuego. También está en el top de territorios con más eventos de desplazamiento y confinamiento forzados de población. Por igual, son muchos los casos de homicidios, masacres, reclutamiento de menores y actos terroristas registrados en los últimos años.
Los bloqueos viales y fluviales son, lamentablemente, recurrentes en una jurisdicción en la que, como si todo lo anterior fuera poco, hay un boom de economías ilícitas, en especial derivadas del narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas, contrabando, tala de árboles, secuestro, extorsión y otros delitos de alto impacto.
En estos últimos dos días, por ejemplo, el Eln no solo taponó la vía Quibdó-Medellín, a la altura de Carmen de Atrato, sino que secuestró a 45 pasajeros que se transportaban en buses de servicio público, incluyendo a cuatro menores de edad. De inmediato, tropas de la XV Brigada se desplazaron a la zona para recuperar el control de la importante carretera y rescatar a las víctimas del plagio masivo. Se generó, entonces, un fuerte enfrentamiento entre los uniformados y los insurgentes que, lamentablemente, dejó a dos soldados profesionales asesinados y varios más heridos tras un ataque terrorista con explosivos. Finalmente, gracias a la ofensiva castrense, se logró presionar la liberación sanos y salvo de los cautivos.
Ya la semana pasada la misma facción criminal lanzó una escalada de 24 ataques contra cinco municipios, ofensiva que logró ser repelida por la Fuerza Pública, incluyendo la desactivación de un carrotanque en la misma vía Quibdó-Medellín que estaba cargado con explosivos.
No deja de ser paradójico que esta crisis de orden público se haya agravado mes tras mes en un gobierno como el de Petro, que desde el día uno de su mandato propaló a los cuatro vientos que su gestión se concentraría en las zonas más afectadas por la violencia, la pobreza y la exclusión social. Al tenor de la dura realidad hoy en el Chocó, pese a los ingentes esfuerzos de su gobernadora y la labor sacrificada de la Fuerza Pública, es claro que no se cumplió con esa premisa.
Por el contrario, la lesiva combinación de una deficiente política de seguridad y orden público con la aún más peligrosa e improductiva estrategia de ‘paz total’ terminó por restringir e incluso frenar la operatividad castrense y policial así como por darle a la guerrilla y bandas criminales de alto espectro múltiples gabelas, ceses el fuego y otros beneficios que aprovecharon para rearmarse, reclutar más menores de edad, adueñarse de corredores estratégicos de economías ilícitas, ampliar su dominio territorial y disparar la victimización de la población civil. Chocó, como muchas otras zonas del país, sufrió los coletazos de estas ruinosas decisiones gubernamentales.
El gobierno entrante tiene, entonces, el duro reto de corregir el rumbo y recuperar, prioritariamente, el control territorial. La aplicación del principio legítimo de autoridad no puede seguir en el retroceso experimentado en este último cuatrienio. Hay que imponer la institucionalidad y rescatar a millones de personas que, como en Chocó, están hoy por hoy acorraladas por la violencia y la barbarie.
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