Desde 2024, la Defensoría del Pueblo adelanta un proceso de seguimiento a los efectos de la erosión en los ecosistemas marino-costeros y en los derechos de las comunidades de los litorales Caribe y Pacífico. Este trabajo abarca visitas técnicas a los puntos más críticos del país, diálogo directo con los habitantes, registro de afectaciones, seguimiento a la gestión pública y acompañamiento ambiental y jurídico.
Entre los territorios priorizados se encuentran ocho comunidades de Nuquí (Chocó), una de La Guajira (La Cachaca 3, perteneciente a la etnia Wayúu) y tres consejos comunitarios de Buenaventura (Valle del Cauca), los cuales se han visto seriamente perjudicados.
Nuquí tiene impactos en viviendas, servicios y cultura
En la cabecera municipal de Nuquí y en sus comunidades Tribugá, Panguí, Coquí, Joví, Partadó, Arusí, Termales y Jurubirá, la Defensoría identificó afectaciones causadas por la erosión marina y fluvial, las inundaciones y la pérdida de playas.
En varios puntos, las propias familias han tenido que reparar o trasladar sus viviendas. También se registran daños en senderos, vías de acceso, acueductos, redes eléctricas y espacios recreativos. Cuando el mar sube y ocupa la playa, el tránsito de las personas se interrumpe, dificultando el desplazamiento cotidiano y el acceso a servicios de salud.
Asimismo, el avance del agua impacta actividades económicas como la pesca y tradiciones ancestrales como la “siembra del ombligo”, una práctica cultural que afianza el vínculo de los recién nacidos con la tierra y que hoy enfrenta barreras por la pérdida de plantas y sitios sagrados.
Frente a este panorama, la Entidad identificó la importancia de brindar asistencia técnica y jurídica que respalde las iniciativas de recuperación ambiental y la gestión del riesgo en la zona.
Entre los principales hallazgos en este municipio se destacan la pérdida de playas, el socavamiento del terreno, el daño a la infraestructura y la exposición de viviendas a eventos marinos.
La erosión costera en la zona es persistente y se agravó a partir de mayo de 2024 tras el desbordamiento de los ríos Aguas Calientes y Ostional, hecho que motivó la declaratoria de calamidad pública. El incremento en la intensidad y frecuencia de las lluvias ha elevado la vulnerabilidad del territorio, poniendo en riesgo la vida, el empleo y la permanencia de más de 1.300 familias amenazadas por el desplazamiento ambiental.
En el sector norte de Nuquí, comunidades como Tribugá y Jurubirá sufren desbordamientos fluviales recurrentes; entre tanto, en la zona sur —que integra a Panguí, Coquí, Joví, Termales, Partadó y Arusí—, las crecientes generan inundaciones temporales en áreas residenciales, anegando viviendas, senderos y espacios comunitarios, además de arrastrar sedimentos y desechos.
Deja una respuesta