La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha citado a la empresaria Katia Sánchez y a su esposo, Hernán Iñigo de Jesús Gómez, a rendir una versión voluntaria los próximos 4 y 5 de diciembre de 2024. Ambos deberán aportar información clave sobre su presunta participación en hechos relacionados con el conflicto armado en la subregión del Bajo Atrato, Urabá.
La JEP aceptó en septiembre el sometimiento condicionado de Sánchez, mientras que Gómez ya había sido acogido previamente por la jurisdicción. Según el auto de citación, la pareja fue fundadora y representante legal de la empresa Urapalma, señalada de establecer vínculos con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y el Bloque paramilitar ‘Elmer Cárdenas’ para desarrollar un proyecto palmicultor entre 1997 y 2000.
Este proyecto resultó en el despojo de tierras y el desplazamiento forzado de comunidades en las cuencas de los ríos Curbaradó y Jiguamiandó.
Hechos bajo investigación
El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín había iniciado investigaciones por hechos ocurridos entre 1997 y 2004, cuando Sánchez y Gómez presuntamente actuaron como terceros en actividades de financiación y auspicio de grupos paramilitares.
Estas actividades, según la JEP, incluyeron el cultivo de palma africana y la ganadería extensiva, que no solo propiciaron el desplazamiento forzado y el despojo masivo de tierras, sino que también afectaron extensas áreas de importancia ecológica en la región.
